SEGURIDAD SOCIAL

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL IESS

La Ley de Seguridad Social en la época ganada por la corrupción correista ha sido varias veces reformada en el ámbito de la cobertura.

 

En primer lugar a través de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 323 de 18 de noviembre de 2010, que reforma el artículo 117 indicando que los hijos de los afiliados tendrán asistencia en salud hasta los 18 años, anteriormente se incluían solo hasta los seis años.

En la actualidad, según datos ofrecidos por la Representación de los Empleadores en el Consejo Directivo del IESS, en junio de 2015 existe un aproximado de 2’924.792 hijos menores de 18 años cubiertos.

Esta reforma, si bien contó con estudios de impacto, no ha sido debidamente monitoreada para conocer qué porcentaje del fondo de salud está destinado a cubrir estas atenciones y si esto desmejora o no la sostenibilidad del fondo.

La segunda reforma de importancia es la que tiene que ver con la introducción en la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 796, de 25 de septiembre de 2012, que permite la afiliación voluntaria de los discapacitados con los mismos derechos que en la afiliación voluntaria general.

Esta norma elimina la obligación que se introdujo en el IESS, vía resolución, de exigir examen médico para el seguro voluntario lo que en la práctica suponía una verdadera discriminación para quienes tenían enfermedades preexistentes.

Otras prestaciones incluidas en la ley son la jubilación especial por vejez y la jubilación por incapacidad absoluta y permanente.

El artículo 84 elimina la exigencia de aportaciones mínimas previas para acceder a la pensión de discapacidad para los afiliados a quienes les sobrevenga una discapacidad total y permanente absoluta.

Esta norma reforma el artículo 186 de la Ley de Seguridad Social de manera tácita, pues este último exige al menos 60 imposiciones.

Desde nuestro punto de vista esta reforma se hizo sin los debidos estudios de impacto y actuariales que permitan revisar si el fondo de pensiones sigue siendo sostenible.


El artículo 85 de la Ley Orgánica de Discapacidades incluye la jubilación sin mínimo de edad para las personas discapacitadas afiliadas al IESS que acrediten hasta 300 aportaciones (25 años) y para los discapacitados intelectuales con 240 imposiciones (20 años), en la Ley de Seguridad Social se exige al menos 360 imposiciones.

Ahora bien, la ley no aclara qué grado de discapacidad es necesario para acceder a este derecho. El IESS no tiene datos desagregados por este indicador y tampoco se cuenta con estudios actuariales o de impacto que puedan mostrar si existe o no afectación a la sostenibilidad del fondo.

A pesar de que estas normas entraron en vigencia en 2012, el IESS

no las aplicó hasta 2014, cuando a través de la Resolución CD. 460 se estableció la forma de financiamiento, cargándola a todos los trabajadores afiliados, es decir, se aumentó el porcentaje de aporte al IESS que pasó de 20,5% de la remuneración al 20,6%; ese 0,1% más se puso en hombros de los trabajadores y no del empleador, ni del Estado.

Es decir son los trabajadores los que aportan para que se cumplan.

las prestaciones otorgadas en la Ley Orgánica de Discapacidades.

Y en tercer lugar las reformas a La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo no remunerado, publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015, además de extensas y muy polémicas reformas, que no deben ser analizadas en este espacio, incluye la ampliación de la cobertura para las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar, introduciendo en el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social el literal g) la cobertura para ellas. La protección se concreta solo en el Seguro de Vejez, Invalidez y Muerte, y su financiación se estableció a cuenta de la unidad familiar y un subsidio de parte del Estado para quienes menores ingresos tienen.

Las normas integradas en esta ley son contrarias a la Constitución que, claramente en el artículo 369, segundo inciso, indica que las prestaciones entregadas a quienes realicen trabajo no remunerado en el hogar se financiarán con el aporte y contribuciones del Estado, es decir, no correspondía ni a la unidad familiar, ni al cónyuge ese financiamiento.

No existen datos oficiales sobre el número de personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar que se han afiliado desde abril de 2015 que entró en vigencia.

Si bien es cierto que en estos años la cobertura ha aumentado, lo ha hecho de forma desordenada y sin criterio claro de lo que se debe entender por universalidad.

Podríamos decir que solamente la extensión del seguro de salud para hijos menores de 18 años corresponde a un intento de universalización de la seguridad social, a través de un sistema no contributivo, pero se lo hace en la Ley de Seguridad Social que como ya hemos dicho es principalmente contributiva, es decir, se confunde la protección social con el seguro social a riesgo de desfinanciar todavía más el fondo de salud.

¿QUE DEBIÓ HACERSE EN ESTE TEMA ?

Lo que debió hacerse es que la atención en salud de las personas

menores de edad corra a cargo del Estado, encargado constitucionalmente de ofrecer cobertura en salud para todos los ecuatorianos.

En cuanto a la jubilación e invalidez para discapacitados, al no exigir el mínimo de imposiciones para acceder al derecho semejante al de la Ley de Seguridad Social; y, el seguro de invalidez, vejez y muerte para las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar, podríamos decir que estamos frente a sistemas semi contributivos, en los que se acude a una mal entendida“solidaridad” de los otros trabajadores; en el primer caso, haciendo que todos los trabajadores aumenten su aporte para financiar esas prestaciones, y, en el otro, haciendo que la unidad familiar aporte.

Decimos “solidaridad” mal entendida porque lo que se está exigiendo.

es que los trabajadores financien las tareas del Estado-Los sistemas de salud y pensiones en el IESS son de reparto, es decir, todos aportan en la medida de su capacidad y las prestaciones se entregan en la medida de la necesidad.

En definitiva para ir a una reforma estructural hay que revisar estas medidas inconsultas con los nuevos estudios supuestamente contratados por el IESS y no seguir extendiendo coberturas como EL PROYECTO de ley anunciado por el Presidente Moreno de protección en favor de los pescadores financiada con parte de los aportes de los trabajadores y lo principal poner en la ley el concepto diferenciador entre de los que se denomina seguros sociales y seguridad social esta ultima que no existe en Ecuador

Atención Previsa Cita:
Quito: Juan Bernardo León 278 B y Nicolás Arteta. Martes a Jueves
Atuntaqui: Calle 2 de Marzo 11-33 y Sucre VIernes a Lunes
06 2 906684 09 92932798 0995063709